La existencia de recursos minerales con un cierto grado de concentración natural en el planeta ha sufrido una disminución cuantitativa y cualitativa de inmensa magnitud. En el año 1900, Estados Unidos extraía minerales de cobre con una ley promedio del 5%, que en la actualidad es inferior al 0,4%; diferencia abismal que indica la escasez del “recurso”. Este ejemplo se repite en casi todas las geografías y tipos de minerales.

Los minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, razón por la cual es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería tradicional. En su reemplazo, la industria minera ideó un método extractivo acorde a las nuevas condiciones: detecta por satélite aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor concentración relativa de minerales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones kilométricas. Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas primero en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicársele una sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca.

Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. La remoción de montañas enteras genera a su vez la movilización de otras tantas sustancias que entran en contacto con el aire, provocando nubes de polvo que viajan a distancias kilométricas. De esta manera, la combinación de las industrias minera y química posibilitan que la extracción de minerales de baja ley signifique un buen negocio. En el camino aparecen todos los metales pesados propios de la actividad que se realiza, tales como plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, uranio, entre muchos otros; además de metaloides, como el arsénico, que se movilizan por la acción de soluciones de cianuro y de ácidos como el sulfúrico y el nítrico.

Las empresas transnacionales que se dedican a la extracción -beneficiadas con leyes que las excluyen del rigor impositivo vigente- también exigen a los gobiernos la provisión de energía subsidiada, porque cuanto más baja es la ley de los minerales, mayor es el consumo y el costo de la energía. Si las empresas pagaran por todos los insumos realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado.

Minera La Alumbrera, Paisaje de Catamarca

sin un solo color de verde; ni un pueblito aquí, ni otro más allá...

 

Existen dos insumos imprescindibles para este sistema de extracción a cielo abierto: la energía y el agua. Cualquier emprendimiento estándar debe utilizar un metro cúbico de agua por segundo, noche y día, durante décadas, desde el inicio hasta el cierre del complejo minero. Mezclada con la sopa química y aplicada a la roca triturada, produce montañas de estériles contaminados que emanan tóxicos hacia las aguas superficiales y subterráneas a veces muchos años después de cerrada la mina. El siguiente ejemplo es categórico: un anillo de oro produce 20 toneladas de escombros.

Hasta ahora, el 80% de los cateos, prospecciones y explotaciones mineras se llevan a cabo en la Cordillera de los Andes, precordillera y estribaciones. Esta geografía es la fábrica del agua, el hábitat de los ecosistemas que permiten la actividad y la vida aguas abajo, en las grandes cuencas del Pacífico y del Atlántico, con vegas y humedales a 4000 y 5000 metros de altura. Una cordillera con glaciares seculares, mayormente de roca, permafrost, e innumerables cuerpos de hielo. La fragilidad de la cordillera se halla a la vista: respira, se agita; miles de sismos diarios conmueven su geografía, algunos imperceptibles. No hay minero ni geólogo consciente que no se llame a silencio cuando se mencionan estas circunstancias; y admiten que la minería en las altas cumbres no se debe practicar: el agua vale más que el oro. Actividades productivas como la vitivinicultura, frutales, olivares, cebollas y ajos, frutas finas, y servicios de gran importancia como el turismo, se ven amenazados tanto como la salud de los habitantes y la subsistencia de las pequeñas economías familiares y comunidades ancestrales. La minería a cielo abierto va secando las fuentes de vida de poblaciones enteras.

En cuanto a la energía, pocos ejemplos alcanzan para ilustrar el faraónico impacto de estos emprendimientos en el sistema energético nacional: el complejo minero de Veladero-Penélope y Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold, para la obtención de oro, plata, cobre, mercurio y molibdeno, entre otros minerales, requiere íntegramente la energía que suministra la central núcleo eléctrica de Atucha (más de 300 MW de potencia instalada). Por su parte, el emprendimiento minero Bajo La Alumbrera representa el 86% del consumo de los grandes usuarios mayoristas de energía de la Provincia de Catamarca (fuente: Mercado Eléctrico Mayorista). Hidroeléctrica el Chocón S.A. le provee directamente la energía; en el año 2003, le vendió 482 GWh (fuente: Informe Endesa, 2004).
Para regar kilométricas extensiones de lixiviado, el agua se moviliza con tanta energía como los mineroductos. Mediante un fideicomiso se logró la financiación del tendido de una línea eléctrica de 500 kilovoltios -conocida como “línea en 500 Kv”- que une la Provincia de Mendoza con la de Tucumán. En el trayecto salen extensiones directamente a los enclaves mineros de Veladero, Pascua Lama, Pachón y Casposo en San Juan; y Bajo La Alumbrera y Agua Rica en Catamarca, por citar algunos ejemplos. En la Provincia de San Juan, los pobladores pagan en la boleta del servicio eléctrico el 50% del valor de la instalación de la línea de energía minera, mientras que el otro 50% es afrontado por el resto de los habitantes del país. Este subsidio para la industria de la minería no es más que una exigencia de las transnacionales para radicarse e “invertir en la explotación minera” debido a que necesitan contar con energía en yacimientos remotos.

Estos son sólo algunos de los impactos y consecuencias. No queremos parecer apocalípticos ni cansar al lector con informaciones que hoy en día han ganado la agenda pública y que seguramente se incrementarán, aún cuando se pongan en circulación millonarias campañas que procuren comprar el ocultamiento y el favor clientelar de sectores desinformados o desesperados, al tiempo de desprestigiar a las voces ciudadanas y críticas. Pero las comunidades afectadas en su salud, su vida, su cultura y sus actividades e intereses productivos, se vienen movilizando de una manera creciente, de norte a sur de nuestro país y en los países vecinos.

 

Mientras prevalezca el sentido común, la conclusión es contundente acerca de dónde no debe practicarse esta minería. Faltan las otras: ¿debemos, podemos? Si se trata del metal oro parece razonable la prescindencia. El 85% termina en los escaparates de las joyerías. Sólo el 3% se utiliza en la industria y el resto concluye en las bóvedas de los bancos. La improductividad social de este metal queda manifiesta, sobre todo si para obtenerlo es preciso destruir los ecosistemas.

Las llamadas “tierras raras” son demandadas por los países centrales para desarrollar tecnologías de punta en torno de los superconductores y acumuladores de energía. Su valor supera los 10.000 dólares la tonelada. Con ese fin, estos minerales son llevados gratuitamente, acompañando al concentrado de cobre y a otras explotaciones, porque “no existe aquí capacidad ni tecnología para la investigación”, muletilla frecuente de los funcionarios del área. Ocurre igual con el renio y el molibdeno. El primero abunda en el suelo argentino, en el orden de 10 a 20 partes por millón y es muy requerido, sobre todo, porque en Estados Unidos está prácticamente agotado. El molibdeno, que se halla adosado al uranio o al cobre, vale entre 6 y 10 veces más que el metal motivo de la extracción y no se paga por él.

Posiblemente con otra legislación, en otra escala y con un método extractivo -aún por descubrir- ecológicamente apto para obtener minerales de ley cada vez más baja, será posible una minería sustentable, que no deje como saldo un país depredado. Generar un desarrollo sostenible en cualquier país latinoamericano con la lógica que actualmente aplican las transnacionales es tan ilógico como utópico. Lo único que se logra es arrasar comunidades, privándolas de la posibilidad de generar un desarrollo local. En este contexto, la respuesta investigada, medida y reflexiva, es tajante: es posible otra minería pero sin la rentabilidad exigida por las transnacionales.

El concepto de desarrollo sostenible, en cambio, requiere pensar en el futuro, para lo cual es imprescindible estudiar las necesidades y demandas del presente, las capacidades existentes y planificar una estrategia para satisfacerlas sin perjudicar el ecosistema. En esta línea de pensamiento, la práctica de la minería a escala de un país que utiliza los bienes comunes para su desarrollo recorre otro camino. Del análisis surgirán algunas preguntas: ¿qué minerales metalíferos se necesitan? ¿En qué cantidad? ¿De dónde y cómo se extraen? Cuestionario inevitable que apunta a cualquier desarrollo sostenible y que al mismo tiempo se acerca a la respuesta para alcanzar una minería posible.

*Miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), y de Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA).